La UIA pedirá la aplicación de la Ley de Compre Nacional

Uno de los planteos para el consejo económico y social

10-08-2009 / La Unión Industrial Argentina (UIA) se prepara sigilosamente para instalar un viejo y largo debate, en el marco del Consejo Económico y Social: la fuerte aplicación de la Ley de Compre Trabajo Argentino, más conocida como Ley de Compre Nacional.

La información fue confirmada por fuentes de la central fabril y forma parte de los papers que circulan por la sede de Avenida de Mayo al 1100, en la etapa preparatoria a la gran convocatoria al consejo.
La ley 25.551 de compre nacional establece que el Estado les otorga preferencia a los empresarios pymes locales aun si cobran hasta un 7% más caro, siempre que se comprometan a abastecer en tiempo y forma. Y en el caso de las grandes empresas, hasta un 5% de cotización más elevada en las licitaciones o contratos.
En la UIA creen que el Gobierno debe mejorar no sólo la difusión de la norma sino optimizar los controles sobre concesionarios, licenciatarios y permisionarios de servicios públicos, empresas a las que el Estado les delegó, entre otras funciones, las prestaciones de telecomunicaciones y distribución de energía.
“Esta obligación por parte de esas empresas es algo muy razonable, desde el momento en que éstas usan recursos intangibles del Estado, como las licencias y concesiones que les otorgaron con exclusividad para explotar determinados servicios”, argumentan desde la central fabril.
Vale destacar que la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) y la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas (Caddiel) impulsan y gestionan en este momento una mejor aplicación de la norma, y atribuyen a las empresas de servicios públicos una falta de voluntad para el “compre nacional”.

RECURSOS. “El espíritu de esta ley indica que al usarse recursos del Estado los organismos contratantes deben facilitar la compra de productos de industria nacional, teniéndolos en cuenta al momento de gestar sus proyectos, siempre que éstos cumplan con las especificaciones técnicas necesarias y su precio sea comparable al de un producto importado equivalente”, explicó una fuente de la UIA.
Es decir, todo lo contrario a lo que suele alegarse para descalificarla: que esta ley promueve la compra de productos más caros o que no satisfacen los estándares internacionales de calidad, condición que, por otra parte, la industria nacional ha debido satisfacer para competir en el mercado internacional de alta tecnología, como lo está haciendo en este momento.

INTEGRACIÓN. También es importante aclarar que la ley establece que para que un producto califique como de industria nacional, debe tener como mínimo el 60% de integración nacional.
Así se promueven sólo productos que tengan alto valor agregado nacional y no simples ensambles de partes importadas.
Por su filosofía, el compre nacional constituye una herramienta con plena vigencia para impulsar la reindustrialización del país. Su vigencia se demuestra por el hecho de que existen leyes en países como EE.UU., Canadá, Japón, México, Italia y Brasil, donde el privilegio a la industria nacional está contemplado en sus constituciones nacionales.
Si bien no se puede estimar la cantidad de puestos de trabajo que se podría generar con una mayor compra de bienes locales, en la UIA hablan de miles en el mediano plazo, ya que son varios los segmentos industriales que están reclamando una mayor presión del gobierno para que la norma cobre mayor vigor. No quitan responsabilidad al Poder Ejecutivo pero ponen el ojo en los concesionarios.
En la UIA consideran que es el momento propicio para potenciar la adquisición de bienes locales ya que la crisis internacional impuso límites al ingreso de los productos importados.
Sobre el Consejo Económico y Social, esta semana continuarán las reuniones técnicas sobre la conformación y el reglamento del organismo, y todavía la disputa con el sector agrario no terminó de cerrar las representaciones ya que hay sillas preparadas para el campo.
Aunque, como fuentes oficiales adelantaron a este diario, el nuevo órgano arrancará aún sin la presencia de los representantes del sector agropecuario.

FRANCISCO MARTIRENA AUBER