Bajo la excusa de reordenar la reglamentación y a días del vencimiento, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) redefinió las pautas del blanqueo de capitales.
Puntualmente, el organismo dirigido por Ricardo Echegaray estableció que las empresas y particulares que regularicen fondos que se encuentran en el país
deberán depositar en menos de un mes el monto exteriorizado y aún no invertido.
“Algunos contribuyentes interpretaron que no hacía falta llevar adelante el depósito Si exteriorizan bienes, se declaran bienes. En cambio, si se exterioriza dinero para ser invertido después del 31 de agosto,
tienen que depositarlo”, aseguró Echegaray ante la consulta de iProfesional.com
Por lo tanto, luego del 31 de agosto próximo –fecha de finalización del plazo de adhesión- los contribuyentes
se verán obligados a depositar en el banco el dinero que se haya destinado a proyectos de la economía real y que a tal momento no hayan sido canalizados.
De esta manera, a través de la
resolución general 2650 publicada este miércoles en el Boletín Oficial se pone fin a una maniobra denominada en el ambiente tributario como
“blanqueo a futuro”.
Reconocidos tributaristas que prefirieron reserva de identidad
adelantaron las particularidades de la maniobra: Al no ser obligatorio depositar en un banco los fondos exteriorizados cuando el dinero se encuentre en el país y se destine a inversiones en la economía real, “los contribuyentes podían blanquear a futuro”.
"Esto es así, ya que como no tenían que mostrar el dinero ante la AFIP
el futuro inversor podía regularizar una suma que comprende lo ahorrado hasta el momento y el flujo estimado de fondos en negro que generará – en los próximos años", explicaron los especialistas.
"Por lo tanto, el contribuyente no sólo regularizaba su situación respecto al capital que tiene debajo del colchón, sino que también
blanqueaba sus ingresos a futuro", concluyeron los expertos.
Complementariamente, el administrador federal aseguró que hasta el momento “
no está prevista la prórroga de la regularización impositiva y del régimen de repatriación y exteriorización de capitales que vencen a fin de mes”.
Asimismo, Echegaray aseguró que “aún no está definido un mecanismo de financiamiento de las deudas 2008”
Blanqueo laboral: mayor plazoDistinto es el panorama respecto al blanqueo laboral. El Gobierno nacional
prorrogó por 180 días corridos el plazo de regularización de trabajadores.
La extensión responde a la necesidad de "prorrogar el plazo vigente a fin de posibilitar un mayor acceso a los beneficios, con el consecuente aumento de la regularización de trabajadores".
De esta manera, el fisco nacional
consigue un doble objetivo: satisfacer los reclamos del empresariado y reforzar la recaudación en concepto de regularización del trabajo informal.
En efecto, la medida era muy esperada desde las compañías
ya que les permite esquivar el trabajo contrarreloj y poder “sanear” la situación tributaria de manera más ordenada.
Por lo tanto, a través de esta decisión, el Ejecutivo utiliza la potestad de ampliar hasta por seis meses la vigencia de cualquiera de los regímenes que componen el denominado “Acuerdo Fiscal”.
Pautas a seguirEl marco normativo del “Acuerdo Fiscal” se apoya en tres pilares fundamentales:
Una de las principales bases del acuerdo fiscal consiste en una moratoria impositiva y previsional sin precedentes, que condona parte de la deuda a pagar y suspende las acciones penales ya iniciadas en contra de los evasores.
Las empresas y los particulares pueden regularizar hasta el 31 de agosto todas las obligaciones tributarias y de la seguridad social. Sólo quedan fuera del régimen los contribuyentes quebrados, los que tengan sentencia penal firme y quienes hayan sido funcionarios públicos.
Otro fuerte eje del acuerdo fiscal, impulsa un régimen especial de regularización del empleo no registrado. El marco legal establece que la simple registración de la relación laboral libera a la compañía de infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza que le hayan correspondido.
Asimismo, cada trabajador podrá computar hasta 60 meses de servicio para la obtención de la Prestación Básica Universal (PBU). Es decir, por más que haya estado en negro el Estado le reconocerá los aportes jubilatorios correspondientes a los últimos cinco años.
Respecto a las cargas patronales adeudadas, la medida establece que por los primeros 10 trabajadores que se registren se extingue el total de la deuda –capital más intereses- originada en la falta de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la Seguridad Social.
De allí en adelante, la deuda –capital e intereses- se deberá tener en cuenta que el interés perdonado no podrá superar en más de 20% al monto adeudado. A su vez, se deberá cancelar un interés anual de financiación del 6 por ciento.
Como último punto, se establece un régimen de blanqueo y repatriación de capitales. El nuevo marco permite normalizar la situación tributaria mediante la exteriorización de:
Asimismo, el alcance comprende a los períodos fiscales no prescriptos.
