Luego de acordar la agenda parlamentaria hasta diciembre próximo, el oficialismo intentará impulsar un proyecto propio como base para la concreción del “ingreso familiar de emergencia” pedido por el bloque de la Coalición Cívica.
Así lo informaron a Buenos Aires Económico calificadas fuentes de la bancada que preside el santafesino Agustín Rossi, que agregaron que la propuesta que se pondrá en estudio tiene como autor al titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, Héctor Recalde, y propone la creación de un régimen de asignaciones familiares por hijo y por ayuda escolar para trabajadores en relación de dependencia no registrados.

BENEFICIOS. En el marco de ese régimen se pagarían dos tipos de beneficio. El primero sería una asignación por hijo, y el segundo una asignación por ayuda escolar anual para la educación inicial, general básica y polimodal.
En el primer caso, la asignación por hijo consistirá en una suma mensual por cada hijo menor de 18 años que se encuentre a cargo del trabajador. Según el proyecto de Recalde, dicha suma mensual será igual al monto fijado para la asignación por hijo por la ley 24.714.
Mientras que la asignación por ayuda escolar anual consistirá en el pago de una suma de dinero que se hará efectiva en el mes de marzo de cada año. La citada asignación se abonará por cada hijo que concurra regularmente a establecimientos de enseñanza básica y polimodal, y será equivalente al monto fijado para la asignación por ayuda escolar anual para la educación inicial, general básica y polimodal por la ley 24.714.
Aquellos trabajadores que se encuentren en situación irregular, para acceder a los beneficios deberán acreditar:

•El nombre o razón social y actividad del empleador, lugar de trabajo y su antigüedad en la empresa, mediante declaración jurada.
•Hijos a cargo mediante la presentación de la correspondiente partida de nacimiento del o los menores.
•Escolaridad en condición de alumno regular del o los hijos a cargo menores de dieciocho (18) años, mediante certificación expedida por el establecimiento educativo.

Los fondos necesarios para cumplir con la futura norma saldrán de partidas incluidas en el Presupuesto nacional, y la autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo de la Nación, que deberá poner en conocimiento de la AFIP las solicitudes de pago de asignaciones familiares efectuadas en los términos de la ley, y verificar la veracidad de los hechos denunciados por el trabajador, a los efectos de infraccionar al empleador en los términos y con el alcance previsto en la normativa aplicable en cada jurisdicción.

HERRAMIENTA. En los fundamentos del proyecto, Recalde resalta que “el acceso al régimen que se crea otorga al Estado una herramienta más para detectar los lugares concretos en los que hay empleo no registrado a fin de que efectúe las verificaciones correspondientes e infraccione a los empleadores que no ajusten su actuar al imperativo legal del trabajo registrado”.
Este precisamente es uno de los puntos que más seduce al oficialismo, por cuanto sería una clara señal de impulso a la lucha contra el trabajo informal.
El otro punto es que a nivel presupuestario incidiría menos en las cuentas fiscales que la propuesta de ingreso universal por hijo que propone la Coalición Cívica, un detalle no menor en el marco de la actual crisis internacional.